Un grupo de concejales de Maipú solicitó un pronunciamiento del Contralor General de la República sobre la posible violación del principio de libre competencia en una licitación pública para el mantenimiento de áreas verdes (ver documento al final).
En particular, se trata de “la contratación del Servicio de Mantención, Conservación, Reposición y Mejoramiento Continuo de Áreas Verdes Públicas de la comuna, ya sean plazas, parques, paseos, bandejones, jardines de inmuebles municipales u otros que formen parte de la administración municipal, para darle continuidad al servicio y poder contribuir a la mejor calidad de vida de sus habitantes”.
Es decir, la licitación para contratar las empresas que se encargan del manteamiento de las áreas verdes en Maipú.
Los concejales argumentan que los altos montos requeridos para la garantía de “Seriedad de la Oferta” podrían impedir que empresas más pequeñas participen, generando de esta manera una posible una barrera de entrada.
El documento de 3 páginas cita como ejemplo licitaciones similares en otros municipios, donde los montos de garantía son significativamente más bajos.
Mayoría de concejales en Maipú acuden a Contraloría
Los concelajes que solicitan este pronunciamiento son Alejandra Salinas (ind.), Alejandro Almendares (RN), Gonzalo Ponce (Ecologista), Carolina Silva (PS), Gabriela Arochas (DC) y Horacio Saavedra (UDI).
Estas seis firmas componen la mayoría de concejales en ejercicio, un quórum que deja nuevamente en minoría al alcalde Tomás Vodanovic (RD-Frente Amplio). Una situación similar a la ocurrida cuando se presentó la propuesta para la creación de una corporación de innovación, y que finalmente fue rechazada.
El principal argumento dice relación con un término técnico llamado principio de libre concurrencia, el cual “estaría siendo vulnerado al negar el derecho de presentación de ofertas por las altas y anormales sumas de garantías de seriedad de la oferta exigidas por la Municipalidad de Maipú”, según se lee en el escrito.
Las y los concejales piden, por lo tanto, que la Contraloría de Chile revise la licitación y determine si los montos de las zonas licitadas son una barrera de entrada al mercado, en cuyo caso se estaría incumpliendo el mencionado principio legal.
Consultado por el contenido del escrito, el concejal Alejandro Almendares declinó señaló:
“No creo responsable comentar procesos de licitación en curso y que la solicitud de pronunciamiento es un mecanismo de consulta normal en el ejercicio del cargo y esperamos la respuesta del órgano contralor.”
Documentos adjuntos:
Este artículo detalla hechos que son parte de un proceso judicial en curso. Debido al principio de presunción de inocencia, existe la posibilidad de que las acusaciones o cargos aquí mencionadas sean desestimados; en cuyo caso Prensa Poniente hará las aclaraciones pertinentes.
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