Se acerca una nueva conmemoración del 1ro de mayo, día Internacional de las Trabajadoras y Trabajadores, recordando en especial las huelgas por las 8 horas ocurridas en Chicago en 1886, en específico la Revuelta de Haymarket que dio origen a los Mártires de Chicago en plena revolución industrial. Hoy, la mayoría de las personas en el mundo, trabajan 8 horas por esta lucha que pasó hace 136 años, como en gran parte de la historia de la humanidad, los derechos que vemos naturalizados significaron grandes luchas de nuestros antepasados como también la pérdida de vidas, con el ejemplo de la tristemente célebre Matanza de la Escuela Santa María por recordar una.

Por esto, se conmemora el día de las y los trabajadores y en la presente columna, se desea reflexionar sobre cuáles son los principales desafíos del Gobierno entrante en materia laboral. Sin duda son muchas aristas que dan para un extenso estudio, pero se abordará de la manera más sucinta unos tópicos que para quien escribe merecen prioridad.
Pensando en las y los trabajadores de Chile
Primera y positivamente para las y los trabajadores, mediante una larga discusión, se aprueba el Ingreso Mínimo de $380.000 desde el 1ro de mayo de 2020, y de $400.000 para el 1ro de agosto, el cual está proyectado incrementarlo a $500.000 para finales del gobierno. A esto debe sumarse que, si la inflación supera el 7% acumulado, subiría a $410.000 desde enero de 2023. Se va a incrementar a la vez, el Subsidio Único Familiar (SUF), la Asignación Familiar, entre otros, como también el reajuste de IMM para trabajadores menores de 18 años y mayores de 65 años. Esta fructífera negociación se ha dado con la Central Unitaria de Trabajadores liderada por su presidente David Acuña quienes logran el mayor reajuste salarial en la historia de la Central en los últimos años.
Esta como ninguna otra discusión que signifique recursos no es fácil, producto de la delicada situación macroeconómica que vive el país, sin embargo, se ha allanado el camino para una alza escalonada del salario que está asociada a la línea de la pobreza relativa o a la satisfacción de necesidades básicas de las familias chilenas, una fórmula que componga alzas independientes de la productividad y el crecimiento, complementada con la Renta Universal y que sea compatible con las PYMES del país a quienes se les entregará una compensación transitoria para paliar el incremento del IMM.
Por otro lado, se enviará un proyecto al parlamento para flexibilizar la ley del Seguro de Desempleo (ley 19.728), ampliándose a trabajadores independientes, hacia empleos de menor calidad, a mujeres y grupos vulnerables con empleos precarios y por períodos reducidos de tiempo, extendiendo el uso y cobertura del fondo solidario, como también incrementando el monto de las prestaciones. Finalmente se saluda el establecimiento del Observatorio del Valor al Público de la Canasta Básica de Alimentos, implementado por SERNAC que reportará directamente al Consejo Superior Laboral cuando se produzcan alzas importantes de los productos de la canasta.
Legislación chilena y Convención Constitucional
Segundo punto y crítico es la legislación laboral chilena, el famoso Código del Trabajo entre otras normas que ordenan la relación laboral, siendo uno de los puntos más criticados desde los sectores de trabajadoras y trabajadores, haciendo extrañar que del Gobierno no haya un pronunciamiento claro a modificar estas anquilosadas legislaturas, basta con citar el tristemente célebre, artículo 161 de necesidades de la empresa que permite despedir como se le plazca a cualquier empleado, incluso haciéndolo de manera masiva, sólo por citar uno.
Probablemente el proceso constitucional traiga aparejada una discusión legislativa que involucre estas modificaciones, pero a nivel de opinión pública, es poco lo que se ha referenciado, en momentos donde urge reformar la legislación laboral, asegurar la titularidad sindical, negociación colectiva por ramas, y la capacidad de negociación colectiva para temporeros y trabajadores de aplicaciones. Recién el martes 19 de abril se aprobaron en la CC el artículo 8 de protección del trabajo y derecho al trabajo decente, en específico el inciso que prohíbe la discriminación entre trabajadoras y trabajadores junto al despido arbitrario, pero no reconoce la amplitud del concepto del Trabajo Decente utilizado por la OIT (Organización internacional del Trabajo) y conceptualizado por Juan Somavía.
Si se celebra el artículo 9 sobre la Participación de Trabajadores y Trabajadoras en las decisiones de la empresa, pero profundizaremos más adelante cómo debe trabajarse la ley específica. Siguiendo con la constituyente, del Artículo 12 sobre Derecho a la libertad Sindical, se aprueban 5 incisos de 9, donde la Constitución asegura el derecho a la libertad sindical, el 3ro que garantiza el derecho a la sindicalización, el 4to que indica que cualquier sindicato puede formalizarse mediante personalidad jurídica sólo dándose estatutos de acuerdo con la ley, el 5to que asegura el derecho a la negociación colectiva y el 9no que impide la huelga para las FFAA.
Estos son grandes avances a la legislación actual, pero las entidades y las leyes específicas que normen su proceder son ámbitos que preocupan a la hora de legislar.
Trabajo y Mujer: retroceso en participación laboral
Otro de los principales problemas acarreados por la pandemia, supone el enorme retroceso de la participación femenina en la fuerza de trabajo, lo que implica un gran desafío para los sistemas de Cuidados y Corresponsabilidad en la distribución de las tareas del hogar. El gobierno reconoce este punto y tratará de corregir esa excesiva carga mediante licencias de cuidados, derechos a sala cuna, jardín y otros derechos sin distinciones de género.
En la constituyente se aprobó relacionado a esto, el artículo 10, Derecho al cuidado, aprobando el inciso que habla del derecho de todas las personas a cuidar, a ser cuidadas y a cuidarse y a que el Estado debe proveer los medios para ello. El segundo inciso aprobado dice que el Estado garantizará el derecho por medio del Sistema Integral de Cuidados y el tercero, que se prestará especial atención a lactantes, niños, niñas y adolescentes, personas mayores y en situaciones de discapacidad entre otros.
Del Artículo 11, el Reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados, se aprobó el inciso sobre el Estado que reconoce los trabajos domésticos y de cuidados reafirmando que son trabajos socialmente necesarios, indispensables y que debieran ser pagados. No obstante, no se habla de las instituciones que velarán y fiscalizarán dicho proceso, que debe ser el Estado, los hogares y la comunidad para que la brecha laboral disminuya, desterrando el castigo a las mujeres por la maternidad en el mercado laboral y aumentando su seguridad social.
El retroceso también refiere a brechas salariales, urgencia que el Gobierno tiene claro en tanto inyección de recursos para la recuperación del empleo, sin embargo no se ven esfuerzos institucionales claros en tanto instrumentos efectivos de igualdad salarial ni en el sector público como tampoco en el privado, tampoco se habla de la inclusión, en específico personas de minorías o disidencias, la realidad de mujeres migrantes, pobres, rurales y campesinas, indígenas y en situación de discapacidad, todas realidades que hace ya años están quedándose en la fila para el empleo.
Finalmente, donde sí se han visto gestos muy relevantes, es en el empoderamiento femenino de cargos o sectores masculinizados, pero aún en ese ámbito se podría generalizar a nivel de oficios como por ejemplo en sectores como la construcción, minería, energías por nombrar algunos.
Participación e Igualdad en las empresas
Un aspecto importante donde Boric como candidato fue propulsor, es la Participación e Igualdad en las empresas y producción, siendo el primero en proponer estos temas cuando era precandidato. Sin duda, es una materia que se debe hablar en nuestra sociedad ¿por que los y las trabajadores no pueden participar de los directorios? cómo ha sido la tónica sociohistórica.
Hay evidencias en otras latitudes y en este terruño como la experiencia de FrioSur, que evidencian que el involucramiento de trabajadores/as organizados en las esferas de decisión de la empresa, implican una mejora en la producción. ¿Qué nos falta para hablar más sobre esto?
Pero para problematizar una discusión que aún no es masiva, es necesario introducir igualdad salarial respecto a la relación laboral, fortaleciendo las organizaciones sindicales, entregándoles herramientas de participación directa, ampliando el derecho de información sobre nuevas materias, así como reconociéndose el derecho de consulta ante decisiones empresariales incidentes en el trabajo (despidos colectivos, reestructuraciones empresariales con efectos laborales, entre otras), ratificando el Convenio N° 154 de la OIT sobre fomento de la Negociación Colectiva.
Por otro lado, vuelve la paridad (o cuotas) de género en la composición de directorios, seguros y libres de violencia y discriminación, principios acordes con el Convenio 190 de la OIT sobre la eliminación de la Violencia y el Acoso en el espacio de trabajo, elemento que siempre reconoció el Presidente en su programa. En este ámbito también es relevante mencionar la modificación que busca el presidente al sistema de Gratificaciones, fomentando una justa distribución de las utilidades que generen las y los trabajadores de las empresas.
Para lo anterior es fructífero el Diálogo Social y Buenas Prácticas Laborales, donde el gobierno persigue un modelo de incentivo económico previa certificación continua en el cumplimiento de determinados estándares de organización y sustentabilidad, tales como el cuidado del medio ambiente, la representación y paridad de trabajadores/as, y para lograr esto, deben existir instituciones que fomente y fiscalicen el tripartismo, facilitando las estrategias adecuadas para ello.
Precarización del trabajo: una debate necesario
Referido a la precarización del trabajo (o precariado), el presidente en su programa critica con claridad los regímenes de subcontratación y tercerización, desincentivando la alta rotación y contratación precaria a través de contratos a plazo enmascarados de temporalidad, equiparando el valor de contratación al de contratos indefinidos con la respectiva indemnización por años de servicio, goce de feriados y mejor cobertura ante cesantía.
Respecto a la seguridad y salud en el trabajo, la presidencia busca terminar con los abusos de las mutuales privadas en la calificación de accidentes y enfermedades de origen laboral, donde efectivamente quienes padecen estas situaciones, deben pasar por circunstancias tan estresantes que llegan a ser indignas, y que pese a eso, no se les cataloga como lo que realmente son, realizándose una investigación muy parcializada, por lo que el rol de la SUSESO (Superintendencia de Seguridad Social) debe ser fortalecido como garante de este proceso, como también de los derechos ligados al seguro de cesantía y capacitación.
Finalmente, y sobre las nuevas formas del trabajo, el gobierno respecto al teletrabajo, trabajo a distancia y automatización, pretende mejorar la legislación vigente, fijando el foco en que el costo de adaptación a estas modalidades no recaiga sobre trabajadores/as, creando una estrategia nacional que fomente nuevas políticas públicas frente al reemplazo de trabajadores por la automatización, es decir fortalecer la empleabilidad y la capacitación.
Todo lo anterior debe ir acompañado de una potente regulación de las nuevas formas de trabajo, de una DT (Dirección del Trabajo) robustecida que le permita investigar y sancionar efectivamente a empresas que no estén cumpliendo la ley, y de igual manera una justicia que no demore la aplicación de estas sanciones cuando las empresas apelen, cambiando de esta manera la anquilosa cultura gerencial (que en nuestro país es patronal), una cultura que no confía en el trabajador/a porque cree que este/a es flojo/a, cuando en realidad son quienes sostienen la productividad y desarrollo de todas las empresas y desarrollo del país.
El trabajo no ha sido temática central en la opinión pública, pero nunca es tarde para volver a dialogar sobre esto.
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