El nuevo caso de fraude comenzó en el año 2016, cuando el director de la Escuela de Oficiales de Carabineros, inspector y director nacional de personal, Mauricio González Marín, requirió en octubre de 2015, la compra de uniformes instituciones para 300 aspirantes egresados.
La solicitud fue enviada formalmente al Jefe de Adquisiciones y Abastecimientos (L2) en momentos que, Hermes Soto, fungía como general director de Carabineros y que tuvo que renunciar a los nueve meses de estar en el cargo, debido al escándalo que se desarrolló producto del actuar de efectivos policiales en la región de La Araucanía y que concluyó con el asesinato del joven comunero Camilo Catrillanca.
Irregularidades
Para ejecutar la compra, el jefe de la Unidad de Adquisiciones (L2), coronel Enrique Corvalán Jaime, utilizó el Convenio Marco, sin embargo, este procedimiento no permite compras que superen las mil Unidades Tributarias Mensuales (UTM) por lo que decidió seccionar la compra en 11 operaciones la compra de 2 mil 881 uniformes evitando, de este modo, el proceso de licitación y fiscalización.
Además, abultó la compra en 1.881 uniformes más de lo que el director de la Escuela de Oficiales, González Marín, requirió en su oportunidad sólo mil unidades. Dentro de las irregularidades ya anunciadas, existe otra que vulnera el espíritu de la Ley dentro de las formas de compras a través de el Convenio Marco y es que con este convenio NO está permitido comprar uniformes. (Leer documento anexo, punto 10.4)
La adjudicación de la transacción fue entregada a la empresa Edenred, quien a su vez entregó los vales canjeables a la empresa Bensons. Hasta hoy no se ha podido aclarar las razones por las cuales se entregó a Edenred la confección de los uniformes y menos aún por qué Bensons entró al negocio para la supuesta distribución de vestimenta policial, los que, finalmente, fueron cobrados por compras de otros artículos que Bensons tenía a disposición o cambio por dinero en efectivo.
Otro punto que agudiza la complejidad de la transacción surge a raíz que el Jefe de Adquisiciones, coronel Enrique Corvalán no exigió respaldo de entrega de las vestimentas a la empresa adjudicada, dejando de esta manera, en un claro descontrol de la adquisición. Situación que no se comprende a la hora de realizar un análisis y estimar la responsabilidad que le cabe en lo que ya se ha configurado como fraude.
El general inspector y jefe de la Dirección Nacional a las Operaciones Policiales, Jorge Hernández Valenzuela, quien después de analizar y evaluar qué responsabilidades podrían recaer en otros altos oficiales debido al resultado de una evaluación aleatoria que se practicó a la Unidad de Adquisiciones en la que señalaron que se configuraba una falta a la ley de compras públicas y que, de acuerdo con los antecedentes recabados, también se podría configurar el delito de fraude al fisco informó al Jefe de Logística de carabineros (L2) general Jean Camus Dávila, pero, éste rechazó de plano efectuar la denuncia al tribunal competente.
Es por esta razón que, en julio pasado, el Director de Compras Públicas de Carabineros, General Humberto Riffo, al imponerse de esta información y al solicitar mayores detalles de la transacción se dirigió personalmente a la Fiscalía Centro Norte para entrevistarse con el Fiscal Xavier Armendáriz.
Con toda la información recabada hasta ese momento en sus manos, Armendáriz derivó la causa a la Fiscal de Alta Complejidad, Patricia Cerda, quien solicitó de manera inmediata el levantamiento de cadena de custodia y solicitó las diligencias tendientes al esclarecimiento de toda esta actividad a la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI).
Paralelamente, un equipo de profesionales que trabaja de manera adjunta al General Riffo continuó con las indagatorias. Desde el mes de mayo y hasta la fecha, han logrado recabar toda la información que permite aclarar el monto defraudado.
Con este trabajo -que se llevó a cabo con completo sigilo- lograron encontrar el respaldo de los vales (gift card) distribuidos a lo largo del país con los funcionarios que obtuvieron copia de los vales cobrados y que corresponderían 400 vales entregados de manera correcta y que se encuentran respaldados; sin embargo, faltan 455 respaldos de las gift card que habrían sido cobradas.
Con la documentación respaldada, el fraude, que en un principio se estimaba en $260 millones, se reduciría a $70 millones de pesos, correspondiente a 743 uniformes policiales. Del resto aún no se encuentra pista ni aclaración por parte de los principales implicados: General Jean Camus Dávila y General Fernando Lobos Horn.
Principales responsables
Tanto el General Camus Dávila como Lobos Horn, serían los principales involucrados en un fraude que deja, nuevamente, en entredicho la honorabilidad de la institución. Ambos generales coincidieron con la fecha y forma de compra y, en ese caso, a ambos les correspondería asumir las sanciones que corresponden a faltas administrativas, sin contar que, podrían, también, enfrentar juicios y sanciones penales debido a la posible participación directa en un hecho de corrupción afectando los caudales públicos.
Por otra parte, se ha podido establecer que el general inspector de la institución, Mauricio González Marín, no tuvo participación de ningún tipo en el fraude denunciado, pues él sólo actuó como director de la Escuela de Oficiales y, a través, de las normas protocolares realizó la solicitud de los uniformes que requerirían los aspirantes una vez egresados. Pero, no participó de la compra ni de la selección de la empresa contratada ni de ningún trámite que tenga relación directa o indirecta con la adquisición de la cantidad de vestimentas que solicitó.
Así mismo, el general Camus Dávila, tampoco se hizo parte de la querella que presentaron los acreedores contra de la empresa Bensons, después de haberse declarado en quiebra, litigio que recayó en el 10° Juzgado Civil de Santiago, por lo que la institución no pudo optar por la recuperación del dinero pagado por la compra de los uniformes.
El descaro
Si bien la cantidad de uniformes entregados no corresponde a lo solicitado por el director de la Escuela de Oficiales, así como también y se ha podido esclarecer el monto defraudado constituyendo el delito de fraude al fisco, los generales Camus Dávila y Lobos Horn, han colaborado con el proceso administrativo.
Sin embargo, existe información que circula en la que indican que el general Camus Dávila, habría intentado solicitar la inhabilidad del fiscal, el general Humberto Riffo.
Es decir, el fiscal que investiga y avanza en la persecución de faltas administrativas y de la comisión de un posible delito penal, para los ojos de uno de los principales involucrados debería salir de la investigación, dejando en claro que, si se investiga de manera correcta y ajustado a derecho penal y administrativo, debe ser sancionado, entregando, de esta manera, una muy mala señal de la comprensión que algunos personajes del Alto Mando tienen respecto a la probidad y lealtad que el propio cargo los inviste.
Pero, existe otro antecedente que no es menor a la hora de finalizar un análisis respecto de las actuaciones que ha tenido el general Jean Camus Dávila y es que la Contraloría General de la República levantó un sumario por su responsabilidad de mando y la actuación de los efectivos policiales en el contexto de la revolución social que se inició el 18 de octubre de 2019.
La broma de mal gusto
El general director de Carabineros, Mario Rozas, hizo llegar ya al presidente Sebastián Piñera su propuesta para el nuevo alto mando institucional compuesto por 40 generales y sugirió al Ejecutivo la salida de 12 generales del máximo escalafón, siendo la remoción más alta (tres veces más) que la del 2019 cuando sólo 4 generales pasaron a retiro.
Es necesario recordar que desde el 2017 se iniciaron remociones por los cuestionamientos públicos de Carabineros debido, primero por los fraudes y le siguieron los reconocidos casos de la “Operación Huracán” y el doloroso “Caso Catrillanca”, desde ese momento hasta la fecha han salido de sus filas 56 generales en total.
El pasado 6 de noviembre, el Ejecutivo, aprobó el nuevo Alto Mando de Carabineros quienes estarían a cargo de liderar la reforma de la institución, además, deberán enfocar los ejes de formación, transparencia, probidad y derechos humanos.
Dentro de la lista de los llamados a retiro se encuentra, precisamente, el general inspector y director nacional de personal (Escuela de Oficiales) Mauricio González Marín.
Pero, con toda la información y detallados antecedentes que recaen en Camus Dávila y Lobos Horn aún permanecerían en las filas. ¿Serán los amigos intocables del general director de Carabineros, Mario Rozas?
Ver aquí el archivo del convenio marco
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