Un reciente fallo de la Corte Suprema ha puesto en duda qué tan efectiva puede ser la acción protectora del Estado cuando un ciudadano ve perturbado su derecho a la propiedad.
El caso ha sido profusamente comentado por los medios de comunicación y se refiere a un Recurso de Protección presentado por un ciudadano cuyos terrenos en Viña del Mar, han sido ocupados ilegalmente por un grupo de personas que expresan no tener una solución habitacional.
Señala la Corte que, “no es posible soslayar la necesidad de otorgar protección también a los recurridos, familias que, si bien se han instalado en los terrenos objeto de estos antecedentes de forma irregular, lo han hecho ante la imposibilidad de acceso a mejores condiciones de vivienda, exponiendo así también su propia integridad, seguridad y salud.
Si bien la Corte Suprema acoge el recurso de protección deducido, sólo lo hace en cuanto a que “se dispone que los propietarios de los terrenos involucrados, Carabineros de Chile, la Municipalidad de Viña del Mar, la Seremi de Salud de la región, el Servicio de Vivienda y Urbanismo y el Ministerio de Desarrollo Social deberán coordinarse a fin que, de manera conjunta, se otorgue una solución global y efectiva a la situación que actualmente viven los recurridos, de manera tal que sus derechos sean igualmente resguardados”.
UN FALLO CONTROVERTIDO, QUE MÁS QUE PONER EN DUDA EL DERECHO DE PROPIEDAD, TRANSFORMA AL CIUDADANO JUNTO AL APARATO DEL ESTADO, COMO RESPONSABLE DE BUSCAR SOLUCIONES AL ENORME DÉFICIT HABITACIONAL QUE HAY EN CHILE.
Este fundamento radica en lo señalado en 1°:”El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional, su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece”.
Instar a los propietarios de los terrenos involucrados a que junto a Carabineros de Chile, la Municipalidad de Viña del Mar, la Seremi de Salud de la región, el Servicio de Vivienda y Urbanismo y el Ministerio de Desarrollo Social se coordinen a fin que, de manera conjunta, se otorgue una solución global y efectiva a la situación que actualmente viven los ocupantes del predio, de manera tal que sus derechos sean igualmente resguardados.
Un Fallo que suena muy bien desde el punto de vista de las familias que hoy no tienen oportunidades de acceder a la vivienda, aunque controvertido para quien acude a la justicia para que se imponga el imperio del derecho.
Lo resuelto por la Corte Suprema, lejos de brindar protección a al propietario que ve privado su derecho a la propiedad, instala y pone sobre el tapete el interés social y el bien común garantizado en la Constitución Política, aunque por cierto traspasa al ciudadano una obligación que en este caso, solo le correspondería asumir al Estado.
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