Ley Marco de Permisos Sectoriales, ayer aprobada en el Congreso, busca bajar exigencias de los proyectos de inversión; diputados socialistas solicitan reserva constitucional en el TC
Un concepto de moda que comienza a sonar con fuerza, para bien o para mal, desde algunos sectores políticos y empresariales, se repite una palabra: la famosa permisología.
La presentan como una barrera, una maraña de trámites inútiles que frenan el progreso.
Pero cuando hablan de permisología, en realidad están hablando de eliminar las pocas protecciones que aún quedan para cuidar el agua, el bosque, las personas y la biodiversidad.
Lo que se esconde tras ese tecnicismo es una intención conocida para dejar el camino libre para que los grandes proyectos extractivos no tengan oposición, no tengan fiscalización, no tengan límites.
Quieren avanzar rápido, incluso si eso significa destruir cerros, secar ríos o contaminar pueblos.
Nos quieren hacer creer que los permisos sobran, cuando en verdad lo que hace falta son más controles, capacitación técnica para entender mejor el desarrollo de proyectos de inversión, más coherencia institucional y más participación comunitaria temprana.
Tal como mencionó el diputado PS Daniel Melo, este proyecto nace de buenas intenciones como apoyar el desarrollo de las pymes, pero contiene nefastas consecuencias como facilitar, sin pruebas ni control ambiental necesario, la ejecución de grandes proyectos tales como una planta hidroeléctrica, un vertedero o un depósito de residuos peligrosos en prácticamente cualquier lugar.
Esto se ve fortalecido por el elemento de “silencio administrativo” que agiliza y omite los procesos ambientales.
Según un estudio de la Universidad San Sebastián, en 2024 los retrasos en trámites ambientales le costaron a Chile más de US$ 2.200 millones.
Además, el 65 % de los proyectos se demoraron más allá de los plazos legales, y las tramitaciones anuales cayeron un 42 %.
En respuesta, el Ministerio de Economía presentó la “Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales” con el argumento de que reducirá los tiempos de aprobación entre un 30 % y un 70 % en la tramitación de 380 permisos sectoriales pertenecientes a 37 servicios y a 16 ministerios, lo cual favorecerá la reactivación económica, la generación de empleos y la concreción de infraestructura clave.
Una respuesta desde las organizaciones sociales y la participación ciudadana
Sin embargo, agrupaciones como ONG FIMA y Asamblea Ecologista advierten que detrás de esta urgencia se busca debilitar el SEIA, eliminar controles y marginar la participación ciudadana.
Más de 200 organizaciones ambientales han solicitado retirar la suma urgencia y reformar el reglamento del SEIA, denunciando que estas medidas profundizan la desregulación y representan una clara regresión ambiental en un contexto de crisis hídrica y cambio climático.
Señalan que este proceso de “agilización de permisos” implica, en realidad, una omisión de la normativa ambiental, reduce la fiscalización y aumenta el riesgo de daños irreversibles al medioambiente.
Además, establece la figura del silencio administrativo y la aprobación automática: si el Estado no responde a tiempo, algunos permisos se consideran aprobados por omisión, lo que pone en peligro ecosistemas y la salud de las comunidades, entre otros efectos que estas organizaciones alertan como consecuencia de este proyecto de ley.
Los permisos ambientales no existen por capricho; su razón de ser radica en que, sin reglas claras ni participación comunitaria, los impactos pueden ser devastadores: enfermedades, zonas de sacrificio, desplazamientos forzados y destrucción irreparable.
Son, a menudo, las últimas barreras para que los territorios defiendan su forma de vida y costumbres.
Desde el Núcleo Ecosocialista no nos oponemos al desarrollo, sino que exigimos un desarrollo que no se construya sobre el despojo ni trate como estorbo a las comunidades.
¿Qué proponemos desde el núcleo ecologista del Partido Socialista?
Quienes firmamos esta carta pertenecemos al núcleo ecologista del PS, pero además contamos con una amplia experiencia de luchas sociales y en el territorio en la comuna de Maipú.
Proponemos un cambio profundo en la cultura interministerial, con lo cual se plantea avanzar hacia una gestión de permisos transparente, con enfoque territorial, que valore el conocimiento local, articule eficazmente los organismos públicos y priorice la protección del bien común por sobre los intereses privados.
Así que hoy, al escuchar a alguien hablar contra la permisología, vale preguntarse quién necesita que esas normas desaparezcan.
Y, sobre todo, quién gana y quién pierde cuando se debilitan las herramientas de control ciudadano y ambiental.
El día martes 1 de julio de 2025 se llevó a cabo la votación de un proyecto de ley “Proyecto de Permisos Sectoriales” que representa una regresión ambiental, la cual fue aprobada.
Los diputados del Partido Socialista (PS), Daniel Manouchehri, Daniella Cicardini y Daniel Melo, realizaron una reserva de constitucionalidad durante la aprobación del proyecto.
Esto implica que, si logran el respaldo de al menos un cuarto de la Cámara, podrán intentar impugnar ante el Tribunal Constitucional aquellos artículos de la ley que, a su juicio, ponen en riesgo derechos fundamentales como la salud y el acceso a un medioambiente libre de contaminación.
Hoy, más que nunca, la participación ciudadana corre el riesgo de reducirse a un mero trámite informativo, perdiendo así su carácter democrático y efectivo, declararon desde el Núcleo Ecosocialista.
Bryan Serrailler, Cristian Méndez y Pedro Lazo
Miembros del Núcleo Ecosocialista de Maipú
Partido Socialista de Chile
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