Contraloría ordena sumario por trato directo irregular en asesoría jurídica en Maipú.
Mediante el oficio N° 65871/2026, la Contraloría General de la República objetó la contratación de asesorías jurídicas realizadas por la Municipalidad de Maipú con la ONG Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA), ordenando además la apertura de un proceso disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas.
La irregularidad fue denunciada por el Concejal Edison Aguilera en el último Concejo Municipal, donde exigió saber qué medidas ha tomado el municipio sobre lo instruido por Contraloría.
El organismo fiscalizador se pronunció pese a que el municipio había solicitado que se abstuviera de intervenir, argumentando que el caso estaba vinculado a un litigio en curso.
Sin embargo, Contraloría descartó esa postura y emitió un análisis jurídico completo sobre la legalidad del contrato.
Contraloría: trato directo no fue justificado
Según el documento, la contratación mediante trato directo no cumplió con los requisitos legales exigidos para este tipo de mecanismo excepcional.
En particular, se concluyó que:
- No se acreditaron de forma suficiente las razones que hacían indispensable recurrir al trato directo.
- No se justificó por qué FIMA era la única entidad idónea para prestar el servicio, considerando que existen otros especialistas en derecho ambiental.
- No se cumplieron los procedimientos previos obligatorios, como la elaboración de requerimientos técnicos, estimaciones de costos, evaluación de proveedores ni la publicación del contrato en el sistema correspondiente.
Contraloría recordó que el trato directo es una modalidad excepcional y que debe estar debidamente fundada, documentada y respaldada por actos administrativos concretos.
Proyecto “Edificio Pajaritos” en el centro del conflicto
La asesoría cuestionada está vinculada a la oposición municipal al proyecto “Edificio Pajaritos”, una iniciativa inmobiliaria de alto impacto económico ubicada a la altura del 4600 de Avenida Pajaritos.
De acuerdo al municipio, la contratación de FIMA se justificaba en la necesidad de contar con defensa especializada en materia ambiental, debido a la complejidad técnica del caso.
Sin embargo, Contraloría estimó que ese argumento no fue respaldado con antecedentes suficientes.
Se trata de un proyecto de 90 millones de dólares, frente al cual el alcalde Tomás Vodanovic se ha opuesto enérgicamente, principalmente, a través de la asesoría jurídica de Fima.
Orden de sumario y plazo de 20 días
Dado que los contratos ya se ejecutaron y la causa judicial asociada se encuentra finalizada, el organismo descartó iniciar un proceso de invalidación.
En su lugar, instruyó a la Municipalidad de Maipú:
- Iniciar un procedimiento disciplinario (sumario administrativo).
- Determinar responsabilidades internas por la contratación observada.
- Informar documentadamente a Contraloría en un plazo de 20 días hábiles.
Además, el ente fiscalizador exigió evitar la reiteración de este tipo de prácticas en el futuro.
Los tratos directos objetados en materia jurídica
La ONG FIMA es encabezada por Ezio Costa, abogado cercano al Frente Amplio, quien es sindicado como uno de los responsables de la fallida Constitución Ecológica y ha sido un público opositor a proyectos como Dominga y otros proyectos de inversión en Maipú.
Por otra parte, es segunda vez que Contraloría objeta contratos de abogados vía trato directo. Anteriormente, lo hizo con el bufete Asesorías e Inversiones Bascuñán, Barra, Awad, Contreras Schürmann Ltda., desde el 2021 al 2024, uno de cuyos socios fue además abogado personal del presidente Gabriel Boric .
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