La Contraloría detectó irregularidades en la implementación de los SLEP, contrataciones directas y uso de recursos públicos en el servicio de Santa Corina que incluye a Maipú, Cerrillos y Estación Central.
Un informe de la Contraloría General de la República (CGR) destapó serias falencias en la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) en la Región Metropolitana, revelando un uso irregular de más de 1.200 millones de pesos.
Estas falencias incluyen a Santa Corina, el organismo que administra unos 90 establecimientos en Maipú, Cerrillos y Estación Central.
Organismo que es dirigida actualmente por Ignacio Cáceres (Partido Comunista), quien anteriormente fue Secretario general de la Corporación Municipal de Servicios y Desarrollo durante el primer gobierno del alcalde Tomás Vodanovic de Maipú.
Cáceres fue designado vía Alta Dirección Pública, quedando en la terna final para el cargo y siendo seleccionado en su cargo por el presidente Gabriel Boric el 2023, cuya duración es de 6 años.
La auditoría, contenida en el Informe Final N°784 de 2024, detectó retrasos de hasta 250 días en la designación de directores ejecutivos en los SLEP Santa Corina, Los Libertadores, Del Pino y Santa Rosa.
Además, detectó el uso irregular de más de 1200 millones de pesos.
Esta situación ha postergado funciones clave como el apoyo pedagógico y la planificación de gestión, afectando a estudiantes y comunidades escolares.
Además, más del 40% de los procesos esenciales del traspaso educativo presentaban un avance igual o inferior al 5%, a pocas semanas del cambio de administración educativa.
En el caso de Maipú, Cerrillos y Estación Central, estas demoras han puesto en jaque la continuidad de programas locales y la infraestructura escolar.
Uso irregular de fondos públicos
La Contraloría revisó cómo se gastaron más de 1.215 millones de pesos que la Dirección de Educación Pública entregó a algunos sostenedores (municipios o corporaciones municipales) para financiar el Plan de Transición hacia el nuevo sistema de educación pública.
Esos fondos debían usarse para cubrir gastos pendientes hasta el 31 de diciembre de 2014, pero en realidad se ocuparon para pagar sueldos, finiquitos y deudas previsionales acumuladas entre 2015 y 2024.
Esto incumple la ley N° 21.040, la que dice claramente que esos recursos sólo podían financiar obligaciones existentes hasta fines de 2014. Es decir, se usaron de forma distinta a lo que establecía la norma, lo que puede ser considerado un uso irregular de fondos públicos.
Esta situación obligará a la Dirección de Educación Pública (DEP) a gestionar la restitución de los fondos mal utilizados por por más de 1.200 millones de pesos
En el ámbito financiero, de un presupuesto de más de 5.600 millones asignados en 2023, solo se ejecutó un 4,35%. Al tercer trimestre de 2024, la ejecución seguía por debajo del 40%, lo que evidencia una gestión deficiente.
Ante las irregularidades detectadas, la Contraloría instruyó un procedimiento disciplinario en la Subsecretaría de Educación y en la DEP. Ambas entidades deberán entregar informes correctivos en un plazo de 60 días hábiles, ya que estas falencias amenazan el derecho a una educación pública de calidad.
Revisa aquí el informe completo:
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