En la sesión ordinaria del Concejo Municipal N° 1428, realizada el 7 de agosto, concejales, gremios y autoridades municipales de Maipú expusieron la crítica situación que enfrenta la comuna en la aplicación de la Ley Karin, a un año de su promulgación.
La normativa fue creada en memoria de la tens Karin Salgado, víctima de acoso laboral en el Hospital Herminda Martín de Chillán y busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia en el trabajo, con especial atención en la salud mental y el bienestar de los funcionarios.
Sin embargo, en Maipú los retrasos, la falta de recursos y la escasa capacidad investigativa han generado preocupación transversal.
Graves denuncias desde los consultorios de Maipú
La sesión de concejo municipal vino a confirmar lo denunciado semanas antes por la Asociación de Funcionarios/as de Salud Municipal de Maipú (AFUSAM) en Prensa Poniente, la cual agrupa a ocho gremios de consultorios y dependencias de salud municipal.
En esa oportunidad, dirigentes revelaron que existen 18 sumarios por Ley Karin sin resolución y que solo uno de ellos contempla medidas de resguardo para la víctima. Algunos denunciados continúan recibiendo sueldo desde sus casas o trabajando sin sanción.
El presidente de AFUSAM del CESFAM Iván Insunza, doctor Guillermo Solano, había advertido: “No vamos a esperar un tercer intento de suicidio para que reaccionen”, en alusión a los dos casos documentados de funcionarias que intentaron quitarse la vida tras meses sin respuesta a sus denuncias.
Casos graves y denuncias de los gremios
El tema fue discutido durante el concejo de este jueves, debido a una carta que los dirigentes de salud hicieron llegar a los ediles.
La concejala Karen Garrido reiteró que tuvo conocimiento de esos dos intentos de suicidio y exigió medidas reparatorias tanto para víctimas como para denunciados absueltos
“Nosotros tenemos que tomar el poncho y hacer las investigaciones pertinente”, dijo Garrido.
El concejal Prado aprovechó la ocasión y recordó el suicido de una funcionaria de la Dirección de Seguridad ocurrida el año pasado.
“No nos olvidemos de Claudia Galaz, que debido a sus agresores hoy día no está con nosotros”, así que no olvidemos a Claudia Galarce por favor”, comentó.
El concejal Bladymir Muñoz pidió aumentar el número de fiscales especializados para reducir la “angustia” que provoca la lentitud en los sumarios.
El concejal Edison Aguilera, por su parte, citó un informe interno con indicadores de “riesgo alto” en confianza organizacional, exigencia emocional, carga de trabajo y compañerismo, además de “riesgo medio” en violencia y acoso.
“No queremos más casos como el que dio origen a esta ley”, enfatizó.
Desde AFUSAM ya habían denunciado que, en la práctica, la ley está lejos del espíritu que la impulsó. Valeria Molina, secretaria del gremio en el CESFAM Carlos Godoy, resumía el problema: “El problema es que al que terminan trasladando es al denunciante, no al agresor”.
Falencias reconocidas por la administración
El alcalde Tomás Vodanovic reconoció que la situación “nos está sobrepasando como institución” y anunció que se evalúa crear una unidad especializada en Ley Karin, con fiscales dedicados y protocolos reforzados. “Queremos investigar estas denuncias en tiempo y forma, porque la percepción de impunidad y burocracia agrava el daño”, dijo.
El director jurídico detalló que tras la entrada en vigor de la ley hubo “una avalancha” de denuncias, con 18 fiscales actualmente sobrecargados.
Confirmó la contratación de dos abogadas, una de ellas experta en la materia, y que se trabaja en modificar el protocolo municipal.
El administrador municipal adelantó que la nueva unidad tendría independencia física y personal especializado para evitar la revictimización y responder con rapidez a vulneraciones graves.
Petitorio gremial y advertencia
En su petitorio, AFUSAM exige la contratación de fiscales exclusivos, capacitaciones obligatorias en la ley, medidas de resguardo inmediatas y garantías de no desvinculación para denunciantes.
“En Maipú hay sumarios sin resolver desde 2017. La ley dice 20 días hábiles, pero como el plazo no es fatal, los casos se extienden hasta que prescriben”, denunció Solano, quien advirtió que, de no haber respuesta en 30 días, no descartan movilizaciones.
La crisis expuesta en el Concejo deja en evidencia que, pese a la existencia de la Ley Karin, su aplicación en Maipú enfrenta graves falencias que ponen en riesgo no solo el clima laboral, sino la vida y salud mental de los trabajadores municipales.
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